El 24 de Abril de 2017, Andreas, una joven psicóloga de 27 años, falleció en la unidad psiquiátrica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tras pasar 75 horas bajo contención mecánica, es decir, maniatada a la cama, y tratada mediante contención química, es decir, drogada hasta quedar totalmente aturdida. La joven murió tras una miocarditis producto de una meningitis que, al ser confundida por el personal médico de urgencias del hospital por un trastorno disociativo, no se trató adecuadamente, extendiéndose la infección sin contención alguna hasta provocar su fallecimiento.
La muerte de Andreas tuvo cierto impacto mediático, varios diarios regionales plasmaron el suceso en sus páginas, además de algún otro diario digital. La Televisión del Principado de Asturias (TPA) también tuvo sus cuñas al respecto, pero fueron las asociaciones de pacientes de salud mental las que pusieron el grito en el cielo y lograron incomodar a la administración asturiana y, concretamente, a la Consejería de Sanidad. Hubo concentraciones numerosas, con escasa presencia de partidos políticos más allá de Podemos Asturias. No obstante, muy poco se pudo hacer al respecto. Hubo denuncias por parte de la familia y se abrieron diligencias, pero el proceso no pasó de la instrucción judicial. El caso fue archivado, los recursos interpuestos desestimados y los siete médicos acusados de homicidio imprudente absueltos. Actualmente, el caso espera su valoración por parte del Juzgado de Derechos Humanos de la Unión Europea. Beatriz Mamporro, psiquiatra jefe de la unidad del HUCA durante el ingreso de Andreas fue curiosamente ascendida de cargo, mientras que la Asociación Hierbabuena, colectivo que sostuvo las movilizaciones durante meses fue castigada con la retirada de parte de sus fondos, aquellos que dependían de la Consejería de Sanidad.
El tiempo ha pasado, pero Andreas no falleció a causa de una muerte inescrutable, como planteó el juzgado nº4 de Oviedo. En su auto de desestimación, se señaló que la medicina es una ciencia imprecisa, por lo que no era posible determinar responsabilidades punibles a los facultativos denunciados. Este argumento, que se refiere a la imposibilidad del riesgo cero en todo tratamiento, sirve de criterio para exonerar de responsabilidades a cualquier profesional sanitario de, prácticamente, cualquier intervención médica. No obstante, lo cierto, más allá de lo que nos marque la verdad judicial, es que Andreas Feneció por un conjunto de negligencias, prejuicios y malas prácticas que, en su mayoría, continúan vigentes. Reforzadas incluso por el penoso resultado judicial. Las y los psiquiatras se creen intocables, más en este caso no se trata de una creencia, es más bien la certeza constatada, pues resulta casi imposible encontrar a alguno de estos profesionales condenado por negligencia o imprudencia en la jurisprudencia española. Tampoco en la extrajera. El caso ha quedado olvidado, como otros muchos, empero me gustaría dejar alguna constancia del mismo, más allá del recuerdo particular que podamos poseer y de lo que pueda rastrearse aún por la web de sus noticias...
Personalmente no llegué a conocer a Andreas, aunque si a su hermana, Aitana, una mujer fuerte y luchadora la que admiro por su coraje y entereza. Siempre hay que denunciar las injusticias, a pesar de la desigualdad de fuerzas. Al protestar no defendemos solo nuestros derechos vulnerados, protegemos al prójimo, púes este tipo de violencia, la que acabó con la vida de Andreas, no conoce apellidos o estudios, quizás solo discrimine la clase social, así que la denuncia nos protege de lo que pueda venir. Aunque mi participación en este caso fue somera, tuve acceso a toda la documentación al realizar un peritaje forense sobre la muerte de la joven. Contacté con Aitana, su hermana, a través de Fénix, quien me mantenía al tanto de lo sucedido. Estaban buscando profesionales para cuestionar el informe forense realizado a petición judicial por el propio HUCA, el cual señalada sin ningún rubor el fallecimiento accidental de Andreas. Cuando me puse en contacto con Aitana ya había un grupo de sanitarios, psiquiatras en su mayoría, trabajando en un peritaje, así que me ofrecí para realizar otro por mi cuenta. Finalmente ambos informes apuntaban en la misma dirección, pero aquello que llamó más mi atención fue que de los cincuenta firmantes que rubricaban el informe, ninguno trabajaba en Asturias. Al parecer, ningún psiquiatra asturiano quería confrontar con el peritaje realizado por el HUCA. Este hecho, para muchos anodino, representa un penoso problema de fondo que padece la medicina en general. El corporativismo evidencia el grave conflicto de interés que desvirtúa a esta profesión y añade nuevos apuros a la disciplina psiquiátrica, más que saturada ya de contradicciones.
Un diagnóstico Delirante
Identificar la enfermedad mental en una persona no es algo fácil, por mucho que se intente desde la disciplina psiquiátrica una similitud con el resto de la medicina, lo cierto es que el diagnostico en salud mental es algo en sí mismo controvertido. Una dificultad con la que se convive desde tiempos decimonónicos, cuando se denominaba como alienado al enfermo o trastornado mental y alienista a su supuesto sanador. El problema raíz es que el análisis de la locura es exclusivamente clínico, es decir, carecemos de marcadores objetivos con los que evaluar la presencia o descarte de tal o cual problemática mental. En la práctica, esto significa que todo profesional de la psiquiatría y psicología clínica realiza una evaluación de los síntomas que el paciente expresa. Estos síntomas son sensaciones y percepciones subjetivas, en ningún caso objetivables, puesto que no es posible verificar lo que cada uno piensa y siente en la intimidad de su conciencia. Pues bien, estos síntomas son comparados sistemáticamente con los distintos grupos de descripciones que definen cada uno de los trastornos disponibles en cada momento histórico de la psiquiatría. El diagnóstico se realiza mediante esta comparación, entre el discurso de malestar expresado por el paciente y el filtro que supone la opinión, tácitamente experta, del profesional. Opinión que viene mediatizada por numerosos factores, tales como su experiencia personal con el sufrimiento mental, su personalidad, el bagaje profesional y las teorías y manuales de referencia que maneje el susodicho experto. Sobre todo lo cual habrá que añadir la omnipresente ideología que toda persona posee y que, más o menos explícitamente, orientan nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Toda esta evaluación es normalmente encauzada hacia una serie de diagnósticos consensuados que permiten cierta estabilidad entre profesionales. No obstante, no resulta ninguna rareza que lo que puede ser interpretado por un psiquiatra como un trastorno determinado, pueda, con la misma información expresada, interpretarse con otro diagnóstico por otro profesional. Tal cosa ocurre porque, de una parte, no existe una nosología orgánica que pueda ser identificada con instrumentos específicos. La patología mental excede lo orgánico, por más que se pueda situar al cerebro como el lugar depositario de los trastornos mentales, la investigación científica aún no ha podido descifrar la neuroquímica de la mente. Independientemente que esto pueda llegar a ser posible, lo cierto e irrefutable es que la mente resulta ser un fenómeno extra cerebral, que hunde sus raíces en el lenguaje, la cultura y la experiencia compartida.
Este problema, el del diagnóstico, ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Más allá del conocido estudio de Rosenhan, en el que falsos pacientes ingresaron como enfermos mentales al fingir síntomas psicóticos, son muchas las personas que siendo diagnosticadas de un trastorno cualquiera, por ejemplo, la depresión mayor, son reinterpretados después como bipolares tipo 2, esquizoafectivos, de trastorno dependiente de la personalidad o límite. Para estos casos, la psiquiatría siempre podrá aludir a un cambio particular o impredecible de la psicopatología del paciente, argumento muy flexible que bien parece soportar cualquier variabilidad sintomática. Por si esto no resultara convincente, también podrá razonarse un defecto en la psicobiografia del paciente. Es decir, que este omitió algún tipo de información relevante al respecto. Incuso cuando el contraste de opiniones entre profesionales sea muy grosero, siempre se puede señalar a una divergencia del paradigma teórico entre los facultativos. Aunque resulta cierto que la comunidad médica psiquiátrica ha tratado y trata cónstateme de homogenizar las diferentes patologías mentales, en cuanto a grupos de síntomas y nomenclaturas, lo cierto es que continúan coexistiendo varias teorías explicativas de la mente. Conviviendo términos considerados por unos obsoletos mientras que por otros aún vigentes. Así podemos hallar entre unos y otros psiquiatras, jergas que conservan una fuerte carga psicoanalítica, frente a otros que se expresan con los tecnicismos propios de la terapia de conducta. También los hay que se empeñan con un vocabulario más refinado, incorporando vocablos importados de las neurociencias. Y por supuesto, están los que hacen uso de un lenguaje híbrido, en una mezcolanza ininteligible pero que goza de una gran credibilidad. Todo este galimatías, sostenido únicamente por una férrea posición de poder, facilita y permite la disuasión de responsabilidades a estos profesionales, en el caso de que incurran en una mala praxis. ¿Cómo administrar culpas en una especialidad tan diversa, por no decir caótica?
En cualquier caso y respecto al tema que nos ocupa, la problemática habitual del diagnóstico en salud mental bien podría pasar a un segundo plano. La negligencia en el caso de Andreas es de tal calibre que no se puede explicar únicamente alegando las dificultades existentes en todo diagnóstico psiquiátrico. En este asunto se aprecian errores de mayor calado. Prejuicios tan fuertemente instalados que invalidan el mismo proceder médico.
Andreas acudió a las urgencias del HUCA hasta en tres ocasiones. En las dos primeras veces, la joven hubo de regresar a su domicilio sin que se reportase un malestar grave por parte de los profesionales sanitarios que la atendieron. Empero Andreas volvió a urgencias una tercera vez, preocupada por un creciente malestar, que se expresaba por una fiebre constante, dolores de cabeza y la escucha de ruidos extraños. Precisamente fue este último síntoma, el de los ruidos, acompañados de una ansiedad creciente, lo que hizo que el personal de urgencias la derivara a la psiquiatra de turno. Concretamente una residente que, tras una breve exploración y revisado su historial médico, concluyó que la joven Andreas presentaba un episodio disociativo acompañado de fragilidad emocional.
Las alucinaciones auditivas, a pesar de que Andreas expresara crítica de realidad, es decir, que reconocía que estas no eran reales, , junto con el diagnóstico de esquizofrenia en su madre, fueron poderosos reclamos para la residente. Finalmente, el malestar de Andreas, reinterpretado por la médica con el vago término de fragilidad emocional, fue la guinda para el diagnóstico.
Según señala el manual de psicopatología más utilizado, el DSM-5, el trastorno disociativo de la personalidad (TDS) se identifica por la presencia de tres grupos de síntomas. Los cuales incluyen pérdidas de memoria, comportamientos de fuga y alteraciones de la percepción o del pensamiento con sensaciones de irrealidad. Como se comprenderá, ninguno de estos síntomas son señalados por la paciente, más allá de los ruidos que esta aseguraba percibir. No obstante, estos sonidos extraños no están en situación de constituir un síntoma psiquiátrico relevante, puesto que Andreas cuestionaba su veracidad. Para que una alucinación adquiera un valor en este sentido, requiere de la creencia de paciente respecto a su existencia o que, al menos, exprese dudas sobre su autenticidad. Por otra parte, el comentario de personalidad frágil que refiere la médico residente no representa nada más que una observación clínica, la cual puede comprenderse perfectamente desde la ansiedad y preocupación que le generaba a la paciente saberse enferma. El comentario, así expresado por la residente, en ningún caso puede referirse a alguno de los trastornos de personalidad expuestos en el manual de referencia psiquiátrica DSM.
En todo caso, para el presente diagnóstico, llama poderosamente la atención la minusvaloración que se hace del estado febril de la joven, el cual según declaró, se mantenía desde hacía ya tres semanas. En este sentido, es imperativo señalar que todo diagnóstico en salud mental debe realizarse de forma diferencial, es decir, descartando dolencias orgánicas que puedan dar lugar a confusiones. Desarreglos hormonales o anemias pueden generar síntomas de fatiga y anhedonia similares a los expresados en la depresión. Así mismo, el consumo de tóxicos también puede distorsionar el diagnostico, al confundirse los efectos psicotrópicos con malestares psíquicos. Para ello debe siempre efectuarse una prueba de descarte, la cual y para colmo en el caso de Andreas, dio positivo. Impidiendo a corto plazo, al menos hasta que se disiparan los efectos de la droga, la valoración de patología mental. Mientras tanto, no se practicó exploración que pudiera aclarar la persistencia de la fiebre. Signo de amplio espectro asociado habitualmente a procesos infecciosos muy variados.
No obstante, por encima de todas estas cuestiones, prevalecieron los antecedentes psiquiátricos familiares. La depresión mayor que atenazaba al padre y, muy especialmente, la esquizofrenia que padecía la madre. A pesar de que la hipótesis de la heredabilidad genética está muy difundida en la nosología psiquiátrica, esta no sirve en ningún caso para establecer algún tipo de diagnóstico. Lamentablemente, en la práctica, sirve para apuntalar todo tipo de trastorno mental. Toda persona en cuya familia exista un pariente cercano con el diagnóstico de un trastorno mental grave, será susceptible de heredarlo, interpretándose con facilidad su presencia en cuanto se exprese algún síntoma ansioso, depresivo o de otro tipo. Incluso en el caso de que tan solo se llegue a mostrar una personalidad poco común, planeará sobre el afortunado la sombra del trastorno mental. La importancia que se da a la hipótesis neuroquímica y genética de la enfermedad mental se debe al concurso interesado de la industria farmacológica, la cual se sirve de esta hipótesis para afianzar los remedios medicamentosos frente a otros de tipo psicoterapéutico. Siendo esta industria la encargada de informar y formar a los profesionales de la salud mental sobre los tratamientos disponibles, se comprenderá mejor lo extendido y afianzado de esta creencia entre psiquiatras y demás personal sanitario.
Un ingreso voluntariamente forzoso
Andreas ingresó voluntariamente en la unidad psiquiátrica del HUCA, preocupada como estaba por su creciente malestar, supuso, seguramente, que allí por lo menos estaría monitorizada y bien atendida. No pudo equivocarse más. Se suele pensar que las unidades psiquiátricas de agudos, por incluirse habitualmente dentro de unidades hospitalarias, forman parte del propio hospital. Puede ser que desde un punto de vista administrativo así sea, empero no lo es desde su práctica profesional. Las unidades psiquiátricas son estancas al funcionamiento hospitalario habitual. Físicamente están separadas, incomunicadas y de acceso restringido, su entrada y salida requiere permisos especiales, similares a los que puede darse en un centro de privación de libertad. Los cuidados y atenciones que allí se realizan están basados en el control y la coerción. La toma escrupulosa de dosis constantes de medicación y el vagabundeo por los espacios comunes, normalmente sala de visitas, de televisión y el omnipresente pasillo, son las actividades cotidianas y toleradas por el personal. En algunos casos, dependiendo de la unidad en cuestión y para aquellos pacientes sumisos con la autoridad psiquiátrica, se realizan actividades suplementarias, más o menos terapéuticas, desde grupos de discusión, ejercicios físicos, talleres diversos e, incluso, salidas al jardín exterior, si es que este llegara a existir.
En este contexto debió despertarse Andreas, tomando conciencia de que, sin duda alguna, aquel no era el lugar en el que debía de estar. Andreas era, para colmo, psicóloga. No es que estos estudios le dotaran de una perspicacia superior para entender lo obvio del lugar, pero sin duda estaba mínimamente facultada para comprender la negligencia que estaba en ciernes. Andreas expresó sus quejas, seguramente con nerviosismo y también enfado. Cualquiera podrá comprenderlo. Despertarse en la unidad psiquiátrica de agudos a causa de una persistente migraña febril tiene que cabrear bastante. Seguramente si el error hubiese sido cometido en otra zona del hospital, la que fuera, el personal sanitario habría reaccionado con preocupación, tratando de subsanar el error en el menor tiempo posible. Pero claro, Andreas se encontraba en la unidad psiquiátrica de agudos, allí las cosas funcionan de forma muy distinta. En estos lugares, cualquier queja que plantee un paciente respecto a la idoneidad de su ingreso, es interpretada como mínimo con recelo. Si esta reclamación se hace además con cierta agitación o aspavientos, el recelo dará lugar a la amenaza y, si esta no consigue aplacar al paciente, la represión mediante los tratamientos estrella en toda unidad psiquiátrica, a saber, la medicación forzosa y la contención mecánica.
David Cooper, psiquiatra crítico de referencia para todo buen profesional, señalaba que la violencia atribuida a los pacientes no es más que una respuesta defensiva frente a la violencia estructural practicada por la psiquiatría a través de sus profesionales. Esta violencia sistemática y normalizada por protocolos y guías, parte de condesados y bien afianzados prejuicios en los que se entiende que los pacientes carecen de voluntad personal y credibilidad. Están enajenados y, por tanto, todo aquello que puedan decir respecto a su situación, siempre y cuando esta no coincida con la interpretación de los profesionales, es rápidamente desestimada o, directamente, interpretada como prueba sintomática del trastorno que padecen. Este razonamiento tautológico no tiene salida posible para el paciente más que la sumisión, es decir, convertirse en un loco bueno. Dócil para el personal y la estructura psiquiátrica. Aquellos pacientes malos, críticos con su diagnóstico, su malestar o su ingreso, serán invalidados mediante un lenguaje coercitivo y medidas represivas.
Esto es justamente lo que le sucedió a Andreas. La joven puso en cuestión su ingreso y diagnóstico, afirmando con vehemencia y la más sana preocupación que ella no debía de estar allí. El tratamiento que recibió fue el estándar. Aquello fue su perdición. Poco importara que su ingreso hubiera sido voluntario. En el mismo momento que Andreas trató de disponer de su voluntad esta le fue arrebatada. En un instante, su ingreso pasó de ser voluntario a forzado, pudiéndose aplicar el arsenal psiquiátrico de medidas de contención contra ella. Andreas fue amenazada con aislamiento si no cejaba en sus empeños de salir de la UPA. Evidentemente hizo caso omiso de la amenaza, lo que llevó al personal psiquiátrico a actuar según su guión. Andreas fue físicamente reducida, medicada involuntariamente vía intramuscular y maniatada en la cama de su dormitorio. Setenta y cinco horas después falleció. Muerte accidental según el dictamen judicial.
Llegados a este punto, quizás sea necesario aclarar algunas cuestiones respecto a eso que se viene a denominar Autonomía del Paciente, expresada en una ley y que tiene por objeto aclarar los derechos de todo enfermo. Esta norma legal establece que toda persona tiene derecho a la información veraz del tratamiento a recibir, pudiendo elegir entre los disponibles de la cartera de servicios sanitarios. Así mismo, se indica el derecho de toda persona a recibir o no tratamiento. La lógica que subyace a estas prerrogativas es evidente, básicamente consiste en proteger el derecho de toda persona a qué hacer con su cuerpo. Dado que muchos tratamientos pueden ser dolorosos y contener graves iatrogenias, el derecho a decidir resulta compresible o, más bien, ineludible. No obstante, existen algunas excepciones en la citada ley que bien merecen de nuestra consideración para situar el asunto que nos traemos entre manos. Tanto el derecho al consentimiento informado como la negativa respecto al tratamiento disponible o recomendado, son prerrogativas legales que bien pueden ser anuladas si así lo considera el facultativo que realiza la evaluación médica. Respecto al consentimiento, la ley señala que, si el médico de turno interpreta que informar al paciente puede ser contraproducente para su bienestar, se autoriza a que se le exima de información. De forma similar, la voluntariedad respecto al tratamiento puede omitirse si, de nuevo, el facultativo de turno entiende que no aplicar el tratamiento puede afectar negativamente al paciente o a terceras personas.
En la práctica, estas excepciones suponen borrar de facto el derecho de autonomía en pacientes de salud mental. En un contexto de gravísima discriminación y estigma contra este colectivo, la ley ampara sin ambages el uso de la violencia en psiquiatría. Los prejuicios y falsas creencias son reforzados mediante las exenciones que permite la ley. De esta forma, se sobreentiende que las personas diagnosticadas de un trastorno mental grave, el que sea, carecen de credibilidad y pueden ser peligrosas, por lo que en aras de la seguridad, puede establecerse sin contemplaciones el tratamiento forzado. Si a esta problemática le añadimos los déficits logísticos y de personal habitual en toda la sanidad pública, entenderemos los riesgos en cuanto a negligencia y maltrato en la atención en salud mental. En un contexto en el que se validan prejuicios y falsas creencias, al que se suma una degradante sobrecarga laboral, resolver las dudas comprensibles o atemperar a pacientes nerviosos, se convierte en algo difícil de gestionar en el mejor de los casos. La necesaria serenidad y paciencia que requiere la atención en salud mental se torna esquiva, por no decir impracticable. En este ambiente de prisas, fatiga y prejuicios, la facilidad con la que se puede hacer uso del tratamiento forzoso, influye gravemente en su aplicación, de tal forma que este se lleva a cabo ante el más mínimo cuestionamiento. ¿Para qué esforzarse en una recepción sosegada que conlleva tiempo y esfuerzo cuando las cosas se pueden resolver de forma casi inmediata? En este sentido la primera respuesta a toda reticencia respecto a la valoración psiquiátrica es la amenaza. Todo ingreso voluntario puede revertirse en forzoso en un instante. Si la amenaza no resulta efectiva o el paciente responde levantado la voz o con el amago de marcharse se activan las contenciones físicas, químicas y mecánicas. Esta es la inercia en salud mental. Bien apuntalada mediante la creencia en que todo paciente psiquiátrico está enajenado, puede ser peligroso y legalmente inhabilitado de sus derechos más básicos con el único criterio de un psiquiatra. Por su puesto, para que las cosas parezcan correctas, el juez de turno debe de expresar su aquiescencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Plazo que suele excederse con facilidad y que, como parece que no podía ser de otra forma, se superó en el caso de Andreas. Este hecho, que pasa inadvertido por todo tipo de profesionales sanitarios y de la magistratura, convierte estos ingresos directamente en secuestros. Pero tal cosa, como veremos en breve, a nadie parece importar.
La parodia judicial
A pesar del medio centenar de profesionales implicados en el caso, apenas logramos torcer mínimamente el derrotero del juicio. Dudo que en algún momento los siete profesionales imputados tuvieran dudas al respecto. El contraperitaje que llevamos a cabo propició, al menos, que la jueza encargada de armar el proceso, requiriera de un tercer informe forense. Al fin y al cabo, aceptar el primer peritaje con otros dos en contra podía resultar algo grosero. Además, estaba el hecho de que ese primer informe había sido emitido por el propio HUCA, a través de su instituto forense, lo cual podía interpretarse como inadecuado. No tanto por sus imprecisiones y su falta de rigor, sino por entenderse que podía darse algún tipo de conflicto de interés, puesto que los sanitarios encargados del informe podrían ser compañeros de trabajo de los acusados. Esta problemática queda reafirmada por el hecho del que hacía referencia al principio de este artículo. Que los cincuenta profesionales que firmaron el informe forense de la acusación no pertenecieran a la sanidad asturiana resulta revelador. Tal cosa expresa los graves condicionantes que rodean a la disciplina sanitaria, en forma de represalias y presión de grupo.
Llegados a este punto, para comprender en profundidad el caso que representa Andreas, necesitamos introducir un par de ingredientes más en el asunto, los cuales van a complejizar aún más el juego de poderes que rodean a la salud mental. De una parte, el problema del corporativismo médico y, de otra, la perturbadora penetración de la psiquiatría en la justicia.
Que la medicina no es una profesión ordinaria es algo que cualquiera podrá comprender. Su objeto de trabajo, la salud, le ha conferido un estatus de gran relevancia social. De hecho, difícilmente puede considerarse a una nación como avanzada si carece de un buen sistema de salud. Este estatus ha propiciado que la medicina adquiera una independencia impropia para otras disciplinas. Con un acaudalado colegio oficial y numerosas asociaciones profesionales, la medicina disfruta de prerrogativas impensables para otros gremios. La explicación de este estatus profesional se debe a varios factores, pero quizás el más relevante para el asunto que nos ocupa, sea el enorme nicho de negocio que supone la sanidad. Tanto aquella que denominamos pública como aquellas otras concertadas y privadas. Actualmente, a pesar del deterioro de la calidad laboral en la medicina, su poder corporativo continua firme. Los colegios de médicos establecen directrices políticas a la par que estrechan y afianzan sus lazos con la industria sanitaria y farmacológica. Tanto en la investigación, práctica clínica como en la formación. Esta última en manos de la industria, la cual ha penetrado con total impunidad en el ejercicio médico y sanitario. Sus comerciantes son mobiliario actual en salas de espera y consultorios, abordando a estos profesionales incluso en reuniones organizativas y ejerciendo exposiciones formativas que a menudo parecen más vacaciones pagadas. Las intenciones de la industria son claras y sobradamente conocidas, motivadas por el inagotable ánimo de lucro, dirigen y manipulan la investigación y el ejercicio profesional hacia prácticas donde prospere la cronicidad de la enfermedad frente a la sanación. La psiquiatría representa, posiblemente, el mejor ejemplo de esta relación espuria. Prueba de ello son los desorbitantes ingresos y facturación que acumula y emite la industria farmacológica en esta especialidad, superiores a ninguna otra. Todo ello a pesar de la inoperancia y baja efectividad de sus caros remedios.
La curación respecto al trastorno mental grave, lleva estancada desde prácticamente los inicios decimonónicos de la disciplina. No obstante, la prevalencia de quienes pueden padecer la enfermedad mental en algún momento de sus vidas no ha dejado de aumentar. La psiquiatría, a tenor de sus propias estadísticas, no es capaz de curar la psicopatología que describe y diagnostica. Al contrario, parece extenderla con la creación de nuevos diagnósticos y la progresiva cronificación de los existentes, tanto reinterpretando y reescribiendo los trastornos mentales como a través del uso indiscriminado de psicofármacos. Siendo estos ritmos los responsables de la proliferación de malestares secundarios y numerosas adicciones, malestares añadidos que socaban la calidad de vida de los pacientes. Llama poderosamente la atención que, mientras los fármacos habituales para las dolencias orgánicas son de uso universal, como por ejemplo el paracetamol, un antitérmico de uso generalizado para todo profesional sanitario, los psicofármacos varían en su uso, recetándose unos y otros para psicopatologías similares y también diferentes. Y es que la psiquiatría, más que cualquier otra de las especialidades médicas, encarna ese papel de corrupción vinculado al negocio sanitario. Negocio que solo puede convertirse en tal en la medida que cronifique la enfermedad. Llegando al cénit de la aspiración neoliberal de medicar no solo a las personas enfermas, sino también y muy especialmente a las sanas. La terrible facturación y nivel de ingresos de la industria a través de la especialidad psiquiátrica resulta del todo obsceno, siendo esta disciplina el buque insignia del negocio sanitario.
Este es el fangoso contexto en el que se mueve la medicina y donde la psiquiatría es la estrella. Razón por la cual esta profesión disfruta de un estatus sin parangón que le protege de las negligencias y malas prácticas en las que incurre. Negligencias en gran medida provocadas por su propia dinámica, al subvertir su razón de ser aparente, la salud, al ánimo de lucro. Si a esto añadimos la función de centinela social y cultural que traspasa a la profesión, en cuanto estandarización del sufrimiento, se comprende las enormes dispensas que se les brindan a sus profesionales. Siendo la judicatura uno de sus más firmes aliados.
Existe una omertá entre los profesionales sanitarios, una ley del silencio que impide denunciar y valorar las malas prácticas y las negligencias. El corporativismo adquiere su relevancia en la medida que se puede dar cuenta de los poderosos equipos de abogados que poseen los colegios de medicina, frente a los cuales difícilmente puede hacer frente un particular. Si a esto añadimos las reticencias de muchos de sus profesionales para actuar en contra de sus colegas, la impunidad está servida.
Respecto a la otra cuestión que distorsiona todo juicio, la penetración de la psiquiatría en la judicatura, mucho se podría decir y mucho se ha escrito también. Aclarar cuanto de trastornado o de criminal tiene un acusado resulta algo tan recurrente en los procesos judiciales, que rara es la vez que un psiquiatra o un psicólogo no son llamados a expresar su opinión al respecto. El asunto no es baladí, ya que la presencia de psicopatología puede dar al traste con cualquier sentencia de culpabilidad, puesto que más allá del delito cometido y su gravedad, la presencia de un trastorno mental puede atenuar o imposibilitar la condena en virtud de la enajenación y perdida de responsabilidad que puede afectar, supuestamente, al acusado. Teniendo en cuenta que el diagnóstico psiquiátrico responde a interpretaciones, no a pruebas objetivas, la validez legal de la opinión psiquiátrica convierte a estos profesionales jueces de facto. Razón está por lo que pueden disponer a su criterio de la voluntad de pacientes, propiciando ingresos forzosos y tratamientos obligados sin posibilidad de resistencia alguna. Esta intromisión, creciente desde el inicio de la era industrial, parece tener que ver, probablemente, con que resulta más útil o provechoso para el sistema económico actual la persona loca que la criminal. Esta cuestión, que bien merece un análisis particular por sus inquietantes implicaciones morales y económicas, tendrá que ser realizado en otro momento, pues excede nuestro asunto actual.
Conclusiones
La muerte de Andreas representa de forma paradigmática la decadencia y la corrupción que padece la psiquiatría, disciplina que parece haber abandonado toda esperanza sanadora para entregarse al negocio, la especulación y la exclusión social. En Andreas convergieron todos los defectos de la psiquiatría, todas sus violencias con una virulencia catastrófica. De una parte, cayeron sobre ella los prejuicios y falsas creencias que ligan la enfermedad mental a la genética, la biología y a su heredabildad. Poseer a una madre esquizofrénica y a un padre con depresión fueron argumentos demoledores que no solo llevaron a una interpretación sesgada de sus síntomas, si no que desatendieron de manera grosera signos médicos objetivos que apuntaban con claridad a una patología infecciosa.
En segundo lugar, el quehacer habitual psiquiátrico, basado en el descrédito del paciente y en la interpretación permanente de que es un agente violento, impidió que Andreas pudiera exponer y razonar la equivocación de su ingreso en la unidad psiquiátrica, produciendo además, el efecto contrario, la activación de intervenciones coercitivas para su contención.
En tercer lugar, fallecida ya Andreas por la acumulación de negligencias diversas, el corporativismo médico impidió y sigue impidiendo esclarecer la verdad de lo ocurrido. La dificultad para la crítica entre profesionales y la obscena intromisión de la psiquiatría en la judicatura, convierten a esta especialidad, la psiquiátrica, en prácticamente invulnerable.
Ante semejante cúmulo de privilegios y de despropósitos, no se puede ser muy optimista respecto al futuro de la psiquiatría. En la medida que esta se ajusta como un guante a las prerrogativas liberales que organizan nuestra sociedad, no parece probable que esta disciplina evolucione hacia un paradigma más humanista y benevolente. Al contrario, la impunidad de la que gozan sus prácticas y la creciente psiquiatrización de la vida cotidiana, apunta a un recrudecimiento de su actividad. La psiquiatría gana presencia a cuenta de la preocupación social por la salud mental, ganando peligrosamente terreno en escuelas e institutos. Si bien, cierto es que existen algunos indicios en la disciplina que apuntan a un horizonte esperanzador, con profesionales dispuestos a la crítica y al respeto del paciente, no es menos cierto que estos profesionales son escasos, situados a menudo en los márgenes de la profesión, propiciando así una influencia firme pero discreta, incapaz por el momento de ofrecer una alternativa real al grueso de esta especialidad médica. Y es que, dado que la psiquiatría forma parte de lo que viene a denominarse en la economía marxista superestructura, no parece probable que la solución se halla dentro de la misma disciplina, la cual está diseñada para adaptar a la población a las condiciones de vida imperantes. La solución, si es que esta es planteable, pasa por un necesario cambio radical, ligado a los medios de producción y las relaciones sociales derivadas de estos. En otras palabras, no parece posible una psiquiatría mejor en un contexto socioeconómico capitalista. Así pues no queda otra cosa que la misma disyuntiva de siempre. Pasar de una sociedad basada en la especulación, la desigualdad y el afán de lucro a otra fundada en la mutualidad, la solidaridad y el amor al prójimo. El cómo alcanzar este cambio dependerá de aquellas personas que no quieran realizarlo. Serán ellas las que nos impongan un camino más fácil y amable u otro más doloroso. En cualquier caso habrá que andarlo igualmente.
Esperemos que las trabas y los impedimentos no sean exagerados. Seamos optimistas a pesar de las dificultades.
